PAME expresa su solidaridad con la Confederación de Trabajadores de Bolivia y con los trabajadores del país, que participan en movilizaciones de varios días de huelga contra el Decreto 5503 y las políticas antipopulares que están provocando un dramático deterioro de sus condiciones de vida. Al frente de estas luchas se encuentran los trabajadores del sector minero, junto con decenas de organizaciones de trabajadores de los sectores público y privado, agricultores y jóvenes, que denuncian esta política como profundamente de clase e injusta.
Este decreto específico del Gobierno boliviano forma parte de su ajuste a las directrices del Fondo Monetario Internacional y se promulgó tras una serie de reuniones con grupos monopolistas y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Prevé la supresión de los impuestos sobre el gran capital, la protección de las inversiones extranjeras y garantiza su rentabilidad durante al menos 15 años, especialmente en los sectores estratégicos de la minería y la energía.
Los recursos estratégicos de Bolivia se entregan a los grupos monopolistas, mientras que la carga recae sobre los hombros de la clase trabajadora y los estratos populares, lo que da lugar a aumentos escandalosos: un 86 % en el precio de la gasolina y un 160 % en el precio del gasóleo. Estos aumentos afectan directamente a los ingresos, al transporte y a la propia supervivencia de millones de trabajadores.
El ataque a los ingresos de los trabajadores y del pueblo no es una peculiaridad de Bolivia. Es la misma política que sufren también los trabajadores de Grecia, en el marco de la estrategia de la Unión Europea. Una estrategia que allana el camino para garantizar los beneficios de los capitalistas mientras se mete mano en los bolsillos del pueblo. Exenciones fiscales y subvenciones para el gran capital, mercantilización de la energía, bolsa de energía, precios exorbitantes de la electricidad y los combustibles para la población, mientras que se conceden combustibles gratuitos y privilegios a los armadores y a los grupos empresariales.
En Grecia, al igual que en Bolivia, la pobreza energética se agrava, mientras que los agricultores y los trabajadores se movilizan para poder producir y vivir de su trabajo, en oposición a una política que sirve a los beneficios, la llamada «transición verde», la preparación para la guerra y los planes imperialistas de Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea, en el contexto del agravamiento de sus antagonismos con China y Rusia.
PAME está del lado de los trabajadores de Bolivia. La lucha por una energía barata como bien social, basada en las necesidades de la población y no en los beneficios de los monopolios, es una lucha común de la clase trabajadora en todo el mundo.