NI LAS MASACRES, NI LAS MANIOBRAS DEL RÉGIMEN NARCO-EMPRESARIAL ACALLARÁN LA JUSTA PROTESTA E INDIGNACIÓN POPULAR
La tortura y asesinato del indefenso abogado Javier Ordoñez a manos de una jauría policial, hecho acaecido el pasado 9 de septiembre en Bogotá y difundido en video, generaron una justa y masiva ola de protesta e indignación popular, a su vez, reprimida ferozmente por las fuerzas represivas del Estado y saldada con la masacre de 15 jóvenes inermes, cientos de detenidos y un número aún no determinado de desaparecidos.
Este macabro operativo policial con epicentro en Bogotá evidenció una vez más la naturaleza criminal del régimen narco-fascista imperante en Colombia y puso al desnudo la directiva gubernamental de extender a las grandes urbes la política de sangre y fuego implantada en las zonas rurales del país, donde los cuerpos punitivos del gran capital han perpetrado en lo corrido del año 56 masacres contra núcleos juveniles; lo que se suma a los 10.000 asesinatos cometidos bajo la siniestra figura de los «falsos positivos», a la muerte de 30 niños en bombardeos indiscriminados y a la infernal cadena de violaciones contra niñas menores de edad a manos de la soldadesca uniformada.
Una vez más, el gobierno empresarial de los Uribeños -junto a sus áulicos de la prensa- se apresuró a señalar cínicamente que se trataba de «manzanas podridas» en la institución policial y no de una política estatal aprendida en la tenebrosa Escuela de las América; pero la dolorosa realidad muestra que este nuevo capítulo de terror oficial forma parte de la sistemática política genocida de tierra arrasada; instrumentada hace décadas por los cuerpos punitivos del Estado burgués y cubierta por un vergonzoso manto de impunidad, puesto que los determinadores del genocidio permanecen orondos en sus ubérrimas fincas o en palacetes militares, custodiados y alimentados a expensas del erario público.
Mientras tanto, desde la orilla popular este impetuoso movimiento de protestas de los indignados -protagonizado por vastos sectores de la juventud excluida e inconforme con el «orden» imperante- aparece como la continuación directa del Paro Nacional que estalló de manera fulminante el 21 de noviembre de 2019 (interrumpido por la emergencia sanitaria y paralizado por el reformismo sindical); y, a la vez, con las diferencias lógicas, es una reedición del histórico y exitoso Paro Cívico Nacional del 14 de septiembre de 1977, convocado y dirigido entonces por el movimiento obrero y sindical clasista en un periodo de ascenso de la lucha obrero-campesina-estudiantil y popular.
Como es obvio suponer, esta nueva epopeya de movilización popular plantea varios retos para el movimiento sindical de clase; el más importante a nuestro juicio es que los sectores sindicales y pensionales clasistas tenemos que retomar la iniciativa y participar de manera más decidida y organizada en esta nueva etapa de agudización de la lucha de clases; en tal sentido, las organizaciones afiliadas y amigas de la Federación Sindical Mundial estamos obligadas a actualizar y unificar nuestros Planes de Acción, a brindar la solidaridad oportuna a los sectores en conflicto, a reforzar la labor de concientización de nuestras bases, a estrechar los vínculos internacionalistas de la clase obrera, a multiplicar la movilización en las calles y a ejercer presión en los centros de trabajo para hacer retroceder estas nefastas políticas aplicadas por los diferentes gobiernos y acentuadas durante el periodo de confinamiento sanitario. Tal es la mejor vía para rescatar los derechos laborales arrebatados, defender el patrimonio nacional-estatal amenazado y crear condiciones para una transformación político-social que permita tomar las riendas de la Nación en favor de la dignificación y el progreso de las masas laboriosas. Así que manos a la obra.
